La organización destacó el papel de los centros de salud en la detección de situaciones de violencia, incluso cuando las mujeres todavía no han presentado una denuncia.
InfoSaludRD / Santo Domingo.— Profamilia expresó su respaldo al proyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, al considerar que permitiría establecer una política de Estado con responsabilidades institucionales y presupuesto para prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas.
En un comunicado publicado el 23 de octubre de 2026, su directora ejecutiva, Magaly Caram, señaló que la persecución y sanción de los agresores debe acompañarse de prevención, detección temprana y rendición de cuentas. Sostuvo que la efectividad de la propuesta dependerá de su aprobación, una reglamentación rigurosa y recursos suficientes para ejecutarla.
El papel del sistema de salud
Caram valoró las responsabilidades que la iniciativa contempla para el sector sanitario, especialmente la identificación y atención de situaciones de violencia más allá de la existencia de una denuncia penal, así como la coordinación con las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.
Explicó que los centros de salud necesitan personal capacitado, protocolos especializados, condiciones de confidencialidad y mecanismos seguros de referencia y acompañamiento. Estos recursos, indicó, son necesarios para detectar situaciones que todavía no han llegado al sistema de justicia.
Políticas sostenidas y coordinación institucional
La directora de Profamilia señaló que las intervenciones dispersas han enfrentado limitaciones de continuidad, cobertura territorial y financiamiento. A su juicio, la respuesta debe abordar las condiciones sociales que permiten que la violencia ocurra y se reproduzca, mediante políticas sostenidas y responsabilidades compartidas entre instituciones.
La propuesta de Ley Mirabal fue presentada ante el Congreso Nacional en octubre de 2026. Profamilia llamó a avanzar hacia su aprobación y a asegurar las condiciones presupuestarias e institucionales necesarias para su aplicación.
