InfoSaludRD/ SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Ante la creciente confrontación entre la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la Comisión de Salud del Consejo Regional de Desarrollo (CRD) ha dictaminado que el Estado debe intervenir de forma inmediata. La organización propone auditar, transparentar y reestructurar la distribución de los fondos del Seguro Familiar de Salud (SFS).
El organismo técnico urgió a las autoridades a implementar mecanismos de fiscalización que garanticen que las partidas aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) se traduzcan en una mejora real y directa de los servicios médicos para los afiliados en este 2026.
Prioridad: El paciente sobre el interés financiero
A través de un documento oficial, el CRD subrayó que la prioridad de la política pública debe ser la atención médica oportuna y la protección económica de las familias. La entidad propone la creación de un marco normativo permanente, basado en estudios actuariales y datos macroeconómicos de acceso público, para indexar tarifas de salud de forma científica y neutralizar la discrecionalidad que suele derivar en huelgas de servicios.
Exigen transparencia en la ruta del dinero
La Comisión de Salud, encabezada por los especialistas Willians de Jesús Salvador, Gabriel José García Núñez, Ariel Ortega Minervino y Erik Peralta Ortega, advirtió sobre una asimetría preocupante: el incremento constante de las cápitas y subsidios del CNSS no se refleja en la calidad hospitalaria ni en los honorarios médicos.
«Las autoridades deben planificar con claridad que los aumentos de recursos lleguen con eficiencia al paciente, a las clínicas y a los hospitales, fortaleciendo la confianza pública», señalaron los comisionados.
Ante esta situación, el CRD demandó que el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ejerzan su rol regulador para «trazar la ruta del dinero» y garantizar que el flujo financiero beneficie a los centros de atención, reduciendo así los copagos que asfixian el presupuesto de la clase trabajadora.
Hacia una reforma de la Ley 87-01
Para el CRD, la sostenibilidad del sistema de salud dominicano depende del equilibrio ético y financiero. La entidad advirtió que la judicialización de contratos y la suspensión de servicios comprometen la paz social.
En ese sentido, el organismo hizo un llamado urgente a las cámaras legislativas del Congreso Nacional para que agilicen la revisión integral de la Ley No. 87-01 de Seguridad Social. El objetivo es incorporar propuestas de sectores profesionales, académicos y de la sociedad civil, asegurando que el catálogo de prestaciones se articule bajo criterios de equidad tarifaria y transparencia.
