InfoSaludRD/ Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Entre los imputados figuran exempleados de SeNaSa, médicos y otras personas relacionadas con el sector salud que, de acuerdo con la investigación del órgano acusador, habrían participado en un esquema para obtener fondos públicos mediante la facturación de servicios, consultas y procedimientos médicos presuntamente no realizados.
Las imputaciones corresponden a las alegaciones del Ministerio Público y deberán ser conocidas por los tribunales.
Expediente del caso SeNaSa tiene 525 páginas
La solicitud de medida de coerción está contenida en un expediente de aproximadamente 525 páginas, depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Además de los 18 meses de prisión preventiva, los fiscales solicitaron al tribunal que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que esta operación forma parte de las diferentes líneas de investigación abiertas por la presunta sustracción de recursos de SeNaSa.
Investigación alcanza a médicos y exempleados de SeNaSa
Según el Ministerio Público, entre las personas sometidas se encuentran médicos, exempleados de SeNaSa y otros vinculados al sector salud que presuntamente habrían actuado en conjunto para ejecutar las maniobras investigadas.
El órgano persecutor sostiene que el esquema incluía la facturación y cobro a SeNaSa de servicios médicos que supuestamente no fueron prestados a los afiliados.
La investigación de esta fase ha cuantificado hasta el momento en más de RD$40 millones los fondos presuntamente sustraídos.
Operación Cobra 2.0-A
La operación incluyó 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez —incluyendo Cotuí— y La Vega. En los operativos participaron 45 fiscales y alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional.
Tras el depósito de la solicitud, corresponde al tribunal conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los 25 imputados.
