Las reacciones del Colegio Médico Dominicano, sociedades médicas especializadas y otros actores frente a declaraciones del director de la DIDA, Elías Báez, evidencian un problema que trasciende el conflicto gremial: la forma de comunicar desde una institución pública puede incidir en la reputación de los médicos, la confianza de los pacientes y la percepción de todo el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Por: Johanny Corona/ especialista en Marketing Médico y Comunicaciones
Lo que comenzó como una discusión sobre cobros adicionales a pacientes afiliados al Seguro Familiar de Salud se ha convertido en una controversia de mayor alcance entre el director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, y diferentes representantes de la clase médica dominicana.
En los últimos días, voces vinculadas al Colegio Médico Dominicano (CMD), sociedades médicas especializadas y movimientos gremiales han cuestionado el tono y las generalizaciones atribuidas al funcionario al referirse a irregularidades relacionadas con cobros a pacientes. El reclamo común no consiste en impedir que se investiguen posibles faltas, sino en que estas sean documentadas, individualizadas y sometidas a los procedimientos correspondientes sin convertir actuaciones particulares en una descalificación colectiva de los profesionales de la medicina.
Desde la perspectiva del marketing médico, la comunicación estratégica y la gestión reputacional, el conflicto merece un análisis más profundo. Cuando una institución encargada de defender al afiliado entra en confrontación pública con quienes prestan una parte esencial de los servicios, el problema deja de ser exclusivamente administrativo: se convierte en una crisis de confianza.
De una denuncia sobre cobros a una crisis reputacional
El punto más delicado de esta controversia está en la narrativa.
La DIDA tiene una función legítima y necesaria: orientar y defender a los afiliados frente a vulneraciones de sus derechos. De hecho, la institución informó que durante agosto de 2026 sus intervenciones evitaron desembolsos por RD$18.5 millones relacionados con cobros y requerimientos de pago en servicios de salud. La propia DIDA sostiene que verifica los casos antes de intervenir y remite a los organismos competentes aquellos que requieren investigación, fiscalización o medidas regulatorias.
Esos datos constituyen información de interés público y deben ser conocidos.
El problema comunicacional surge cuando la denuncia institucional se mezcla con expresiones que pueden percibirse como generalizaciones contra una profesión completa.
El expresidente del CMD Waldo Ariel Suero cuestionó expresiones atribuidas a Báez y propuso incluso que el gremio lo declare “persona no grata”. El Gran Bloque Unitario fue más lejos y reclamó su destitución.
Desde Santiago, la presidenta de la filial del CMD, Penélope Gómez, también rechazó que eventuales irregularidades sean presentadas como una conducta generalizada y reclamó que, si existen evidencias contra profesionales determinados, estos sean identificados y los casos remitidos a las autoridades correspondientes.
A las reacciones se sumó la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, que expresó preocupación porque determinados calificativos pueden proyectar una percepción negativa sobre miles de profesionales que ejercen de manera ética.
La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT), según el pronunciamiento divulgado, ha planteado una posición similar: investigar con objetividad, establecer responsabilidades individuales y respetar el debido proceso, evitando cuestionamientos generalizados contra la clase médica.
No se trata, además, de un desencuentro surgido exclusivamente esta semana. En abril de 2025, Luis Farington, entonces presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, ya había cuestionado públicamente declaraciones de Báez sobre los profesionales médicos.
Esto cambia la dimensión reputacional del problema: cuando los episodios de confrontación se repiten, dejan de percibirse como incidentes aislados y comienzan a construir una narrativa.
El paciente queda atrapado entre dos discursos
Aquí aparece uno de los mayores riesgos para el sistema sanitario dominicano.
Por un lado, el afiliado escucha que existen cobros que la DIDA considera improcedentes. Por otro, médicos y prestadores denuncian desde hace tiempo dificultades relacionadas con tarifas, glosas, autorizaciones, coberturas y relaciones contractuales con las ARS.
El resultado comunicacional puede ser profundamente negativo: el ciudadano termina preguntándose a quién creer.
Puede comenzar a mirar con sospecha al médico cuando este informa sobre diferencias de cobertura; desconfiar de la clínica cuando recibe una factura; cuestionar a la ARS cuando una prestación no es autorizada; y dudar de las instituciones cuando los diferentes actores se contradicen públicamente.
Ese escenario deteriora uno de los activos intangibles más importantes de cualquier sistema sanitario: la confianza.
En salud, la reputación no es solamente una cuestión de imagen corporativa. La confianza influye en la relación médico-paciente, en la experiencia del usuario y en la percepción de seguridad frente a las decisiones relacionadas con su atención.
El lenguaje de un funcionario también construye reputación
Existe una diferencia sustancial entre comunicar:
“Detectamos determinados casos de cobros improcedentes, los investigamos y remitimos a las autoridades competentes”.
y construir un discurso que pueda ser interpretado por los profesionales como una acusación generalizada.
La primera formulación fortalece institucionalidad. La segunda corre el riesgo de construir antagonistas.
En comunicación de crisis, una institución pública debe ser especialmente rigurosa con tres elementos: evidencia, proporcionalidad y lenguaje.
Defender al paciente con firmeza no exige confrontar públicamente a toda una categoría profesional.
De hecho, la propia comunicación oficial de la DIDA del 2 de septiembre ofrece un marco más institucional: Báez sostuvo que el objetivo no es generar confrontación entre los actores y que las controversias entre ellos no deben terminar trasladándose económicamente al afiliado.
Ese enfoque resulta estratégicamente más efectivo porque coloca el centro del mensaje donde corresponde: en la protección del paciente, no en una disputa entre instituciones y profesionales.
La controversia puede afectar el posicionamiento de la propia DIDA
La DIDA tiene una posición comunicacional particularmente sensible. Su principal activo institucional debería ser la confianza del afiliado.
La entidad ha reportado resultados relevantes de su gestión. En febrero informó que durante enero recibió 349 denuncias y que sus intervenciones evitaron más de RD$10 millones en cobros que calificó como ilegales o indebidos. Asimismo, informó en noviembre de 2025 que había ofrecido más de 1.2 millones de asistencias durante el primer año de gestión de Báez.
Desde el punto de vista de posicionamiento institucional, esos resultados podrían sustentar una narrativa poderosa:
DIDA como defensora del afiliado, mediadora del sistema y promotora del cumplimiento de derechos.
Pero cuando la conversación pública pasa de los resultados institucionales a una confrontación personal entre su director y los médicos, el posicionamiento cambia.
La noticia deja de ser “DIDA protege afiliados” y pasa a ser “DIDA versus médicos”.
Eso representa una pérdida estratégica de control de la narrativa.
También existe una responsabilidad de los prestadores
Analizar la comunicación de Báez no significa desconocer las situaciones denunciadas por los pacientes.
La DIDA ha documentado casos de diferencias de honorarios, cobros adicionales, negaciones de cobertura y otros requerimientos económicos, y ha sostenido que su responsabilidad es intervenir cuando un afiliado denuncia una posible vulneración de sus derechos.
Incluso la institución impulsó acciones judiciales durante el conflicto de julio con ANDECLIP ante la posibilidad de suspensión de servicios a afiliados. El Tribunal Superior Administrativo acogió entonces una medida precautoria solicitada por la DIDA que ordenó a ANDECLIP abstenerse de suspender determinados servicios mientras se conocía el fondo de la acción.
Por tanto, presentar el conflicto simplemente como “médicos buenos contra DIDA mala” sería comunicacionalmente atractivo, pero analíticamente incorrecto.
- Hay derechos del paciente que deben protegerse.
- Hay posibles irregularidades que deben investigarse.
- Hay prestadores que deben cumplir las normas.
- Y cuando se comprueba una actuación incorrecta, deben existir consecuencias.
Pero individualizar responsabilidades fortalece la credibilidad de la denuncia; generalizarlas la debilita.
El verdadero problema está en las fallas estructurales del sistema
Existe otro peligro: que la confrontación personal termine desplazando la discusión realmente importante.
La controversia sobre cobros no puede analizarse únicamente desde el comportamiento del médico frente al paciente. Existen relaciones económicas y administrativas entre médicos, clínicas, Administradoras de Riesgos de Salud, prestadores y organismos reguladores que influyen en la experiencia final del afiliado.
La propia DIDA reconoció recientemente la importancia de la nueva normativa de SISALRIL sobre auditoría médica, calidad, glosas y pagos entre ARS, IDOPPRIL y Prestadores de Servicios de Salud, destacando que las controversias administrativas entre aseguradores y prestadores no deben trasladarse al afiliado.
Ese es precisamente el debate que debería ocupar el centro de la agenda.
¿Quién paga qué?
¿Qué está cubierto?
¿Cuánto debe recibir el profesional?
¿En cuánto tiempo?
¿Qué constituye una glosa válida?
¿Qué debe asumir la ARS?
¿Qué corresponde al prestador?
¿Cuál es el copago legítimo del paciente?
¿Quién fiscaliza cada incumplimiento?
¿Cuál es el costo de los servicios?
¿Contamos un análisis de costos de producción de servicios de las PSS?
Mientras esas preguntas no tengan respuestas claras, homogéneas y comprensibles para el ciudadano, el conflicto seguirá llegando al punto más vulnerable de toda la cadena: el paciente frente al mostrador de una clínica o en el consultorio de su médico.
Una guerra comunicacional no beneficia al sistema de salud
Desde las relaciones públicas, convertir a médicos, clínicas, ARS, DIDA y pacientes en bandos enfrentados constituye un error estratégico.
Todos forman parte del mismo ecosistema.
La DIDA necesita a los prestadores para que los derechos que defiende puedan materializarse en servicios. Los médicos y clínicas necesitan reglas claras, justas y mecanismos institucionales para resolver sus diferencias. Las ARS necesitan redes de prestadores funcionales. Y todos dependen de la confianza de los afiliados.
Por eso, una institución pública puede ser firme sin ser confrontativa.
Puede fiscalizar sin desacreditar.
Puede denunciar sin generalizar.
Puede proteger al afiliado sin convertir al médico en enemigo.
Y los gremios médicos, a su vez, pueden defender la dignidad profesional sin minimizar las denuncias legítimas de pacientes ni cerrar filas frente a conductas individuales que deban ser investigadas.
De la confrontación a una estrategia de comunicación sectorial
La salida comunicacional no debería limitarse a pedir disculpas, responder comunicados o intensificar declaraciones públicas. Hace falta reconstruir la conversación.
El sector necesita una mesa de comunicación y transparencia en salud en la que participen DIDA, SISALRIL, CNSS, CMD, sociedades médicas especializadas, representantes de clínicas y PSS, ARS y organizaciones de pacientes y sociedad civil.
Esa mesa debería traducir los conflictos técnicos del sistema a información que cualquier afiliado pueda comprender: coberturas, copagos, honorarios, autorizaciones, glosas, reclamaciones y responsabilidades.
Porque el paciente no necesita saber quién ganó la discusión mediática.
Necesita saber qué le cubre su seguro, cuánto debe pagar, por qué debe pagarlo, dónde reclamar y quién responderá cuando uno de los actores incumpla.
La reputación del sistema está en juego
El principal daño de una crisis de esta naturaleza no necesariamente lo recibe Elías Báez, la DIDA, el CMD o una sociedad médica determinada.
Puede recibirlo el sistema completo.
Cada declaración que presenta al médico como adversario del afiliado erosiona confianza. Cada denuncia médica que presenta a todas las ARS o instituciones como adversarias también puede hacerlo. Y cada controversia que no termina en soluciones alimenta la percepción ciudadana de que el sistema funciona mediante conflictos entre actores mientras el paciente permanece en el medio.
El liderazgo público en salud exige algo más que denunciar problemas. Exige capacidad para convocar, mediar, explicar y construir confianza.
La DIDA tiene la responsabilidad de defender con firmeza a los afiliados. Los médicos tienen derecho a defender su reputación y reclamar condiciones justas. Las clínicas, ARS y autoridades regulatorias deben asumir las responsabilidades que les correspondan.
Pero la comunicación institucional debe contribuir a resolver las tensiones, no amplificarlas.
Porque cuando la comunicación pública destruye la confianza entre quienes tienen que trabajar juntos para atender al paciente, el problema deja de ser de relaciones públicas y termina convirtiéndose en un problema de salud.
Sobre Johanny Corona:
Johanny Corona es mercadóloga, consultora y especialista en marketing médico, comunicaciones y relaciones públicas, con una trayectoria de más de 20 años vinculada al sector salud en República Dominicana. Ha desarrollado estrategias de posicionamiento, reputación, comunicación y comercialización para médicos, centros de salud y marcas del sector, además de participar en proyectos especializados de comunicación sanitaria. Su experiencia combina mercadeo estratégico, relaciones públicas y conocimiento del ecosistema de salud, con un enfoque orientado a fortalecer la relación entre pacientes, profesionales, prestadores y marcas.
Información de contacto:
Celular 809.852.4444 y correo serviciosjcorona@gmail.com
