El nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados también rechazó las declaraciones del director de la DIDA, Elías Báez, y solicitó una rectificación pública por considerar que sus señalamientos afectan la reputación de médicos y centros privados.
InfoSaludRD/ SANTO DOMINGO.– El nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) inició formalmente su gestión con una declaración pública en la que advirtió sobre lo que considera “graves distorsiones” que amenazan el Sistema Dominicano de Seguridad Social y reclamó una mayor intervención de los organismos responsables de su regulación.
La organización centró su pronunciamiento en dos temas: el rechazo a recientes declaraciones del director general de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, y la situación financiera que, según ANDECLIP, mantienen algunos prestadores con la ARS APS.
ANDECLIP exige rectificación pública a director de la DIDA
En su declaración, ANDECLIP rechazó las expresiones atribuidas a Báez sobre clínicas y médicos, entre ellas afirmaciones relacionadas con la forma en que los centros privados perciben a los afiliados, el desarrollo de la atención primaria y los cobros realizados por profesionales de la salud.
La entidad consideró que las denuncias sobre posibles irregularidades deben sustentarse en evidencias y tramitarse a través de los mecanismos institucionales correspondientes, evitando —según plantea— generalizaciones que puedan ocasionar daños reputacionales a los centros de salud privados.
En ese contexto, ANDECLIP solicitó una rectificación pública del director de la DIDA.
El planteamiento se suma a las reacciones que se han producido desde diferentes sectores médicos frente a declaraciones del funcionario, colocando nuevamente en el debate la necesidad de mantener una comunicación institucional basada en evidencias, debido proceso y respeto entre los diferentes actores que participan en la prestación y supervisión de los servicios de salud.
ANDECLIP denuncia retrasos en pagos de ARS APS
Otro de los puntos centrales de la declaración está relacionado con la situación financiera de ARS APS. ANDECLIP afirmó, basándose en estados financieros que señala como de dominio público, que las reclamaciones liquidadas pendientes de pago a prestadores aumentaron de RD$141.2 millones al cierre de 2025 a RD$242.8 millones en marzo de 2026.
La organización indicó que, durante ese mismo período, el efectivo reportado por la aseguradora en bancos pasó de RD$154.4 millones a RD$409.3 millones. También señaló que los dividendos reportados aumentaron de RD$1.4 millones en 2024 a RD$172.6 millones en 2025. Estas cifras corresponden a los datos citados por ANDECLIP en su declaración y constituyen parte de los señalamientos cuya investigación solicita a las autoridades.
Asimismo, ANDECLIP sostuvo que los auditores externos de la aseguradora incluyeron una opinión calificada relacionada con deudas atrasadas por más de 31 días, situación que la asociación considera contraria a las disposiciones del artículo 171 de la Ley 87-01. La entidad pidió que la validez y alcance de estas informaciones sean investigados por los organismos competentes.
ANDECLIP aclara que no llama a paralizar servicios
Uno de los puntos que la organización quiso dejar establecido es que no está convocando actualmente a una suspensión de servicios médicos.
“Hoy no estamos haciendo un llamado a paro de servicios”, señala la declaración, en la que ANDECLIP presenta su pronunciamiento como una alerta temprana dirigida a evitar que la situación financiera continúe deteriorándose y termine afectando la protección de los afiliados.
La asociación advirtió que, si las condiciones llegaran a convertirse en insostenibles, los prestadores podrían verse obligados a evaluar sus relaciones contractuales con la aseguradora. Sin embargo, insistió en que su planteamiento actual está dirigido a conseguir una intervención regulatoria antes de llegar a ese escenario.
Esta precisión resulta relevante para los afiliados, debido a que diferencia la denuncia institucional de una decisión inmediata que pueda alterar la continuidad de los servicios.
Pide intervención de SISALRIL y DIDA
ANDECLIP informó que ya apoderó formalmente a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y a la DIDA para solicitar una investigación de la situación denunciada y la aplicación de las medidas que correspondan.
Su principal exigencia es la regularización inmediata de los pagos atrasados a las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), argumentando que los retrasos afectan la capacidad operativa de las clínicas que previamente han ofrecido los servicios médicos.
La asociación sostuvo que las clínicas privadas constituyen una parte importante de la infraestructura sanitaria nacional y reclamó que las autoridades ejerzan su función reguladora para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras y legales de los distintos participantes del sistema.
Una nueva gestión de ANDECLIP inicia con reclamos al sistema
El pronunciamiento tiene además una dimensión institucional, al constituir la primera actuación oficial del nuevo Comité Ejecutivo de ANDECLIP.
La plancha está encabezada por el Dr. Carlos Alcántara Montes, vinculado a Clínica Altagracia, quien ocupa la presidencia. Le acompañan representantes de centros de salud de Santo Domingo y diferentes regiones del país, lo que otorga a la nueva directiva una composición territorial amplia.
La primera vicepresidencia para el Gran Santo Domingo corresponde al Dr. Severo Mercedes Acosta; la vicepresidencia de la Región Norte al Dr. Marino Pérez Abreu; la Región Sur al Dr. Rodolfo Aguasvivas Soto; la Región Este a la Dra. Yeremy del Rosario Guilamo; la Región Nordeste a Aura Rojas Namias de Tavárez, y la Puerto Plata Lic. José Arturo Redondo de acuerdo con la composición de la plancha suministrada.
Con esta primera declaración, la nueva dirección de ANDECLIP coloca entre sus prioridades la defensa de la sostenibilidad financiera de los prestadores, el respeto a la reputación de los centros privados y la exigencia de una mayor fiscalización de las relaciones económicas dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
