Las investigaciones del caso SeNaSa 2.0 han puesto sobre la mesa una interrogante que trasciende a los imputados: ¿qué mecanismos utiliza el sistema para comprobar que un diagnóstico, estudio o procedimiento facturado a una ARS realmente corresponde al paciente y fue efectivamente realizado? El valor de documentos como los reportes de patología hace especialmente relevante revisar su trazabilidad y mecanismos de verificación.
InfoSaludRD/ Santo Domingo.– Un diagnóstico de cáncer, una biopsia, una cirugía o determinados procedimientos especializados dejan detrás un conjunto de evidencias clínicas. Historia médica, órdenes, resultados de laboratorio, reportes de imágenes y, cuando corresponde, informes anatomopatológicos forman parte de esa documentación.
Alterar uno de esos registros no constituye una simple irregularidad administrativa: puede modificar la historia clínica de una persona y utilizarse potencialmente para sustentar reclamaciones económicas que no corresponden.
La preocupación cobra actualidad a raíz de las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El Ministerio Público sostiene en la denominada operación SeNaSa 2.0 que se utilizaron datos de afiliados para generar consultas, diagnósticos y procedimientos que estos no habían solicitado ni recibido. De acuerdo con documentos del proceso divulgados por medios nacionales, las autoridades investigan más de 4,300 autorizaciones médicas presuntamente irregulares por unos RD$41 millones.
Expedientes médicos ficticios y firmas que no correspondían a pacientes
La acusación provisional describe un mecanismo que merece especial atención.
Según el Ministerio Público, se confeccionaban formularios utilizando datos de afiliados y se incorporaban diagnósticos, consultas y procedimientos inexistentes. Posteriormente, documentos firmados y sellados con códigos correspondientes a prestadores eran utilizados para dar apariencia legítima a las reclamaciones.
Cuando los investigadores entrevistaron a algunos de los afiliados cuyos nombres figuraban en las reclamaciones, estos aseguraron que desconocían tanto a determinados médicos como los diagnósticos y centros donde supuestamente habían recibido atención.
Las verificaciones llegaron incluso al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Según la documentación judicial citada por Diario Libre, experticias realizadas sobre formularios concluyeron en varios casos que las firmas incorporadas no correspondían a las de los afiliados.
Una afiliada también presentó una querella alegando que sus datos personales y su firma fueron utilizados para facturar estudios y procedimientos que asegura nunca haber recibido. La denuncia forma parte de un proceso todavía sujeto a investigación y decisión judicial.
La pregunta que deja SeNaSa 2.0
Estos hallazgos generan una interrogante de mayor alcance:
¿Cómo llega una reclamación médica desde el consultorio, laboratorio o centro de salud hasta convertirse en un pago autorizado por una ARS?
Y, sobre todo:
¿qué documentos son exigidos y qué mecanismos permiten comprobar su autenticidad antes de desembolsar los recursos?
La pregunta resulta especialmente relevante cuando se trata de procedimientos cuya indicación o realización puede quedar sustentada mediante resultados diagnósticos, imágenes, biopsias, informes quirúrgicos u otros documentos clínicos.
El Ministerio Público sostiene que entre las modalidades investigadas en las distintas líneas del caso SeNaSa figuran cobros por consultas y procedimientos no realizados, doble facturación, uso de sellos médicos falsos, reembolsos presuntamente fraudulentos y otras irregularidades. Las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales y los imputados conservan la presunción de inocencia.
¿Qué importancia tiene un reporte de patología?
El informe anatomopatológico es uno de los documentos clínicos de mayor relevancia diagnóstica.
Se produce a partir del estudio de tejidos, células o muestras obtenidas mediante procedimientos como biopsias o cirugías. Su contenido puede determinar si una lesión es benigna o maligna, establecer características de un tumor y aportar información esencial para decidir tratamientos posteriores.
Por ello, un reporte de patología no debe verse simplemente como un documento requerido para completar un expediente administrativo.
Forma parte de la historia clínica del paciente y sus resultados pueden tener consecuencias importantes para decisiones médicas posteriores.
Una alteración deliberada podría, dependiendo del caso, tener una doble repercusión: clínica, porque introduce información falsa en los antecedentes de una persona, y económica, si el documento es utilizado para intentar justificar procedimientos, coberturas, reclamaciones o beneficios que no corresponden.
¿Puede falsificarse un diagnóstico para obtener dinero?
Otro fenómeno que requiere diferenciarse de las irregularidades ya documentadas en SeNaSa es la posible utilización de diagnósticos o certificados médicos falsos para solicitar ayudas económicas, recaudar dinero o justificar beneficios.
Que esta modalidad sea posible no permite afirmar que esté ocurriendo de manera generalizada en República Dominicana sin estadísticas, denuncias formalizadas o investigaciones que lo demuestren.
Pero sí plantea un problema de verificación.
Antes de donar dinero a campañas fundamentadas en enfermedades graves, las personas, empresas y organizaciones pueden solicitar documentación clínica verificable y, cuando resulte necesario, confirmar que el centro médico o profesional señalado realmente emitió los documentos presentados.
Los controles de las ARS vuelven al centro del debate
El caso adquiere todavía más relevancia porque el sistema cuenta con mecanismos de auditoría.
En 2026, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) puso en marcha disposiciones de su normativa de Auditoría Médica mediante la Circular SSRL-INT-2026-002960.
La regulación establece criterios y estándares para evaluar la atención sanitaria y verificar el cumplimiento dentro del Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales. También regula auditorías, objeciones o glosas, pagos y mecanismos de conciliación entre ARS, IDOPPRIL y prestadores de servicios de salud.
La existencia de estos controles hace pertinente una pregunta adicional para las autoridades regulatorias y aseguradoras: ¿son suficientes las auditorías documentales tradicionales cuando una reclamación puede estar acompañada por documentos que aparentan ser legítimos?
El expediente de SeNaSa señala incluso accesos internos
La investigación adquiere otra dimensión porque entre los sometidos figuran empleados de la propia ARS estatal.
Según la acusación reseñada públicamente, a uno de ellos se le atribuye facilitar acceso no autorizado a bases de datos para obtener información de afiliados, mientras a otra persona se le atribuyen acciones relacionadas con acceso a información, agilización de pagos y utilización ilícita de sellos y firmas. Son imputaciones del Ministerio Público pendientes de valoración judicial.
Esto cambia la discusión.
No basta con preguntarse si un médico puede presentar documentación irregular. También corresponde examinar qué controles internos existen dentro de las aseguradoras para detectar patrones anormales de facturación, accesos injustificados a expedientes, procedimientos repetitivos y reclamaciones incompatibles con el historial de utilización de un afiliado.
Los reportes de patología abren otra línea que debe investigarse
Hasta el momento, la información pública revisada sobre SeNaSa 2.0 documenta alegaciones sobre expedientes ficticios, falsificación de firmas, utilización de datos de afiliados y cobros por procedimientos que presuntamente nunca fueron realizados.
No existe en las fuentes consultadas evidencia suficiente para afirmar que la falsificación de reportes de patología constituya una modalidad demostrada y generalizada dentro del caso.
Pero las denuncias o sospechas sobre posibles alteraciones de estos documentos justifican que las autoridades investiguen su trazabilidad: quién tomó la muestra, dónde fue procesada, qué patólogo la examinó, cuándo se emitió el resultado, quién tuvo acceso al documento y si el informe presentado para una reclamación coincide con el conservado por el laboratorio que lo originó.
Esa trazabilidad permitiría distinguir un documento auténtico de otro alterado después de su emisión.
Una alerta que va más allá del dinero
El riesgo de una documentación clínica falsa no termina cuando una ARS realiza un pago.
Si un expediente registra que una persona padeció cáncer, recibió una cirugía o fue sometida a determinado procedimiento cuando esto nunca ocurrió, esa información podría acompañarla posteriormente dentro del sistema sanitario y afectar futuras decisiones clínicas.
Por eso, la discusión abierta por SeNaSa 2.0 no debería limitarse exclusivamente a determinar cuánto dinero pudo perderse.
También debería responder cómo proteger la integridad de los expedientes clínicos, establecer mecanismos para que los pacientes puedan revisar los servicios cargados a su seguro y garantizar que documentos sensibles —incluidos los informes de patología— puedan ser verificados directamente desde su fuente de origen.
La investigación judicial determinará las responsabilidades individuales en el caso SeNaSa. Mientras tanto, sus hallazgos preliminares dejan planteado un desafío más amplio para el sistema dominicano de seguridad social: una autorización puede demostrar que un procedimiento fue aprobado y una factura que fue cobrado; el verdadero reto es garantizar que el procedimiento efectivamente ocurrió y que la documentación utilizada para respaldarlo es auténtica.
