InfoSalud/ Santo Domingo, R.D. – 7 de diciembre, 2025.- El Ministerio Público ha ejecutado detenciones clave dentro de la investigación por el presunto desfalco y las irregularidades administrativas ocurridas durante la pasada gestión del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), encabezada por Santiago Hazim. Entre las damas arrestadas figuran Cinty Acosta, presidenta ejecutiva de la empresa IntraCare, y Ana Ledesma (también identificada como Ada Ledesma), propietaria de la distribuidora Lufarca.
La pesquisa judicial sostiene que estas personas están presuntamente vinculadas a un esquema que facilitó el desembolso de pagos millonarios a suplidores de SeNaSa de forma irregular.
Pagos Cuestionados y Conflicto de Interés
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la empresaria Ana Ledesma (Lufarka) es señalada de manera directa por haber recibido múltiples pagos millonarios por parte de SeNaSa a través de su empresa suplidora. Las autoridades indican que estos desembolsos se caracterizaron por una inusual rapidez y se efectuaron fuera de los criterios ordinarios de la contratación pública.
Adicionalmente, la investigación profundiza en un posible conflicto de interés dentro de la estructura utilizada para favorecer dichos pagos. Las autoridades están examinando la relación societaria de Ana Ledesma con Germán Robles en la clínica Skinmed Esthetic Clinic, un vínculo que podría ser clave para configurar el entramado bajo escrutinio.
La detención de Acosta y Ledesma marca un avance significativo en el caso, que busca esclarecer las responsabilidades por las supuestas irregularidades cometidas en la administración de los fondos públicos del seguro de salud.
El Ministerio Público Mantiene el Foco en la Transparencia
Las autoridades han reiterado su compromiso con la transparencia y la recuperación del patrimonio público. Este caso pone en relieve la importancia de la supervisión rigurosa en la gestión de fondos de salud y el cumplimiento estricto de la Ley de Compras y Contrataciones.
Se espera que en las próximas horas se soliciten medidas de coerción contra las imputadas, proporcionando más detalles sobre la naturaleza y magnitud del supuesto desfalco.
