InfoSaludRD/ SANTO DOMINGO – Una profunda ola de preocupación, incertidumbre y serios cuestionamientos sobre la transparencia institucional ha sacudido al sector salud dominicano tras conocerse la más reciente disposición del Servicio Nacional de Salud (SNS). La entidad estatal ha emitido una resolución que otorga un plazo perentorio de apenas 15 días para el retiro total de los equipos diagnósticos instalados bajo la modalidad de comodato en la red de hospitales públicos del país.
La medida, contenida en la resolución número 33/2026, ha encendido las alarmas tanto en la comunidad médica como en el sector de suplidores de tecnología sanitaria, quienes advierten sobre el riesgo inminente de un colapso en los servicios básicos de atención.
Peligra la continuidad de laboratorios e imágenes diagnósticas
Representantes y relacionados al sector salud expresaron, a través de un documento de prensa enviado a los medios, que la mayor incertidumbre radica en la falta de claridad sobre el plan de contingencia del Estado para evitar el desabastecimiento de servicios críticos.
“¿Cómo garantizará el Estado la continuidad de los servicios de laboratorio clínico e imágenes diagnósticas si al día de hoy no se conocen procesos públicos de adquisición, licitación o sustitución tecnológica que permitan mantener operativa la red hospitalaria nacional?”, cuestionaron los afectados.
Los actores de este renglón estratégico señalan que, si las autoridades ya han dispuesto un retiro masivo de equipos médicos esenciales en un plazo tan drástico y corto, de manera obligatoria debería existir una planificación previa y pública para sustituir dichas plataformas diagnósticas, algo que hasta el momento se desconoce.
Incertidumbre entre los suplidores y cuestionamientos a la transparencia
La modalidad de comodato ha sido, históricamente, un mecanismo clave que permite a los hospitales públicos contar con tecnología de punta (como tomógrafos, resonadores y analizadores de laboratorio) provista por suplidores privados a cambio de la compra de reactivos e insumos.
La brusca interrupción de este modelo mediante la resolución 33/2026 no solo mantiene en vilo a las empresas proveedoras por el impacto logístico y económico, sino que abre una interrogante sobre los criterios de transparencia que están rigiendo esta transición.
De no aclararse el estatus de los nuevos contratos o los métodos de sustitución de los aparatos, miles de pacientes de escasos recursos que asisten diariamente a la red hospitalaria estatal podrían ver suspendidos sus análisis clínicos y estudios especializados a partir de las próximas semanas.
