InfoSalud SANTO DOMINGO, R.D. – El exministro de Economía y reconocido economista Juan Ariel Jiménez afirmó que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se encuentra en una situación de quiebra técnica, advirtiendo que su estabilidad financiera depende de inyecciones constantes de recursos públicos para cubrir compromisos acumulados.
Según el experto, el Estado dominicano se verá obligado a destinar aproximadamente 20 mil millones de pesos para saldar las obligaciones generadas por la institución, en un esfuerzo por mitigar lo que calificó como un profundo «hoyo financiero».
Impacto en las Recaudaciones y el Presupuesto Nacional
Jiménez explicó que esta crisis financiera en la ARS estatal tiene repercusiones directas en el uso de los fondos públicos. Advirtió que una parte significativa de lo recaudado mensualmente a través del ITBIS y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) podría ser desviada para cubrir el déficit de SeNaSa, en lugar de invertirse en obras y necesidades prioritarias para el desarrollo del país.
“Se están utilizando recursos que deberían ir a educación, infraestructura o seguridad ciudadana para intentar tapar un bache generado por la falta de sostenibilidad financiera en la gestión actual del seguro de salud”, señaló el economista.
Riesgos para el Sistema de Seguridad Social
La advertencia de Juan Ariel Jiménez sobre SeNaSa pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema de seguridad social ante la falta de una administración eficiente de los recursos. El economista subrayó que, de no corregirse el rumbo, la necesidad de financiamiento externo y el uso de impuestos corrientes para sostener la operatividad de la institución seguirán agravando la salud fiscal de la República Dominicana.
Detalles Clave de la Advertencia Económica:
- Déficit Estimado: 20,000 millones de pesos dominicanos.
- Fuente de Financiamiento: Recaudaciones de ITBIS e ISR.
- Riesgo: Deterioro de la inversión pública en sectores estratégicos.
- Estado: Crisis financiera por compromisos acumulados.
El llamado de atención busca que las autoridades transparenten la situación financiera de la entidad y busquen soluciones estructurales que no comprometan el bolsillo de los contribuyentes ni la estabilidad macroeconómica del país.
