La institución propone límites de RD$500 a RD$1,500 según las características de la consulta y solicita un estudio técnico para presentar la iniciativa al CNSS.
InfoSaludRD / Santo Domingo.— La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) presentó una defensoría colectiva ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para regular los cobros adicionales en consultas especializadas y evitar que la presentación de resultados médicos se facture como una consulta inicial.
En una comunicación dirigida al superintendente Miguel Ceara Hatton, el director de la DIDA, Elías Báez, solicitó elaborar un estudio técnico y someter al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta de topes. La institución sugiere límites escalonados de RD$500 a RD$1,500, considerando la especialidad, la complejidad del servicio, el tipo de consulta y la ubicación del centro.
La solicitud también contempla las visitas de seguimiento para presentar análisis y estudios diagnósticos. La DIDA plantea que, cuando el afiliado regrese dentro de un plazo razonable después de la primera visita, no tenga que pagar como si recibiera una consulta inicial. El documento no establece un número específico de días para ese plazo.
Según las evaluaciones citadas por Báez, las diferencias en consultas especializadas oscilan entre RD$1,000 y RD$5,000, con un promedio de RD$3,000. El funcionario recordó que la cobertura contempla RD$750 por honorarios de consultas ambulatorias y un copago de RD$100. El tope propuesto busca regular los montos adicionales cobrados por los especialistas.
Entre las medidas complementarias, la DIDA pidió exhibir las tarifas en los consultorios, actualizar periódicamente el copago y los límites según el Índice de Precios al Consumidor y revisar los honorarios profesionales. También solicitó impulsar gradualmente el primer nivel de atención y el sistema de referencia y contrarreferencia en el Régimen Contributivo.
La institución pidió participar en la mesa técnica y reforzar la supervisión de los cobros mientras se estudia la iniciativa. La comunicación constituye una solicitud de evaluación y regulación; no anuncia la entrada en vigor de nuevos topes ni de una exención de pago por lectura de resultados.

