Otorgan prisión preventiva y otras medidas de coerción contra 26 imputados en el caso Senasa 2.0
InfoSaludRD/ SANTO DOMINGO. — El juez Rigoberto Sena impuso medidas de coerción a 26 personas vinculadas a una red de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), en el marco de la investigación denominada Operación Cobra 2.0-A.
Entre las disposiciones judiciales dictadas se incluyen ocho órdenes de prisión preventiva, 15 de arresto domiciliario y tres impedimentos de salida respaldados por garantías económicas y presentación periódica.
Distribución de las medidas de coerción
El magistrado ordenó el cumplimiento de las medidas cautelares en los siguientes términos:
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Prisión preventiva (Hombres): Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
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Prisión preventiva (Mujeres): Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
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Arresto domiciliario: Dictado para Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán, Alberto Batista Cruz, Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
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Otras medidas: José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán cumplir con impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía económica.
Declaraciones del Ministerio Público e implicación médica
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ponderó las decisiones del tribunal y aclaró que las pesquisas en torno al desfalco institucional no concluyen con esta fase del proceso.
El magistrado informó además que existen 22 profesionales de la medicina imputados dentro de la acusación, haciendo un llamado público al sector para evitar el uso indebido de las credenciales y códigos de servicio asignados por el sistema de salud estatal.
Antecedentes y modus operandi
El expediente, instrumentado en un documento de 525 páginas, señala que la estructura operaba mediante la gestión de aprobaciones falsas para cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios. La red utilizaba el call center de la aseguradora estatal y la identidad de afiliados con bajo consumo para generar reclamos sobre diagnósticos inexistentes.
Las investigaciones, originadas a raíz de una denuncia institucional depositada en noviembre de 2024, calculan un perjuicio económico preliminar estimado en alrededor de RD$40 millones para esta segunda etapa.
