Rosalba Ramos explicó que un resultado adverso durante un procedimiento no basta para atribuir responsabilidad penal a un profesional de la salud.
InfoSaludRD/ SANTO DOMINGO. — La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aclaró que el nuevo Código Penal dominicano no convierte automáticamente todas las complicaciones o resultados adversos derivados de una intervención médica en infracciones penales.
Durante su participación en el programa televisivo “55 Minutos con Julissa Céspedes”, transmitido por CDN, canal 37, Ramos explicó que cada caso debe investigarse individualmente para determinar si existió una conducta con relevancia penal.
Complicación médica y responsabilidad penal
La magistrada señaló que debe diferenciarse entre una complicación clínica, un resultado negativo no deseado y una actuación que pudiera constituir negligencia o imprudencia penalmente sancionable.
Un desenlace adverso no basta, por sí solo, para atribuir responsabilidad penal al profesional que participó en el procedimiento. La investigación debe establecer qué ocurrió, cómo actuaron las personas involucradas y si la conducta corresponde a una infracción definida por la legislación.
Ramos explicó que una imputación penal requiere demostrar la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable. Estos elementos deben establecerse mediante pruebas, peritajes y una investigación objetiva que respete el debido proceso.
La aclaración no significa que los profesionales de la salud estén exentos de responsabilidad. Cuando existan indicios de una actuación penalmente reprochable, el caso puede ser investigado y sometido a la evaluación de las autoridades competentes.
Código Penal ya fue promulgado
El marco legal citado corresponde a la Ley Orgánica 74-25, que instituyó el nuevo Código Penal de la República Dominicana y fue posteriormente modificada por la Ley 44-26.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó el 14 de agosto de 2026 la versión unificada del Código Penal con las modificaciones incorporadas.
Las declaraciones de Ramos forman parte de su espacio de orientación ciudadana, mediante el cual explica el alcance de distintas disposiciones legales y su aplicación en situaciones de interés público.
