Santo Domingo. – La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC) depositó ante la Cámara de Diputados una propuesta de modificación a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, con el propósito de precisar el alcance de la responsabilidad penal vinculada al ejercicio médico.
La organización solicitó que la normativa diferencie los riesgos inherentes a los procedimientos médicos, los errores involuntarios y las actuaciones que puedan constituir negligencia grave o dolo.
El nuevo Código Penal fue promulgado el 3 de agosto de 2025 y tiene prevista su entrada en vigor el 3 de agosto de 2026.
Solicitan una prórroga de seis meses
Entre sus planteamientos, el Colegio Dominicano de Cirujanos propuso extender durante seis meses la entrada en vigencia de la legislación.
Según el gremio, la prórroga permitiría abrir un proceso de discusión técnica con profesionales de la salud, juristas, legisladores, sociedades médicas y otros sectores relacionados con la aplicación de la ley.
Los cirujanos sostienen que ese período podría utilizarse para revisar las disposiciones que inciden sobre la práctica médica y definir con mayor precisión las circunstancias en las que procede una responsabilidad penal.
Diferenciar resultados adversos y negligencia grave
La propuesta plantea que la responsabilidad penal del profesional de la salud se establezca cuando exista dolo o negligencia grave debidamente demostrada.
El CDC considera que los errores involuntarios, las complicaciones previsibles y los resultados adversos inherentes a un procedimiento deben ser evaluados tomando en cuenta las circunstancias clínicas y el cumplimiento de los estándares médicos.
La entidad propuso reservar las vías civil, administrativa y ética para aquellos casos que no presenten los elementos necesarios para configurar una conducta penal.
Este planteamiento corresponde a la posición institucional presentada por el gremio y deberá ser evaluado por el Congreso Nacional y los organismos competentes.
Piden incorporar el concepto de lex artis
Los directivos también solicitaron que la legislación permita distinguir las actuaciones realizadas conforme a la lex artis, entendida como el conjunto de conocimientos, protocolos y estándares profesionales aplicables a cada caso clínico.
La organización indicó que el resultado de un procedimiento no debe ser el único elemento utilizado para determinar la responsabilidad de un médico.
A su juicio, también deben considerarse la condición del paciente, los riesgos informados, los recursos disponibles, la complejidad del procedimiento y las decisiones adoptadas de acuerdo con la evidencia médica existente.
Advierten sobre medicina defensiva
El doctor Luis Restituyo, presidente de la directiva electa del CDC, afirmó que algunas disposiciones de la Ley 74-25 podrían generar incertidumbre si no se diferencia entre una complicación médica, un error involuntario y una actuación dolosa.
«Esa situación podría incentivar el ejercicio de una medicina defensiva, limitar la innovación científica, aumentar los costos de atención y afectar directamente la calidad del servicio que reciben los pacientes», expresó Restituyo.
La medicina defensiva se produce cuando un profesional solicita pruebas, evita procedimientos o modifica decisiones clínicas principalmente por temor a una reclamación o proceso judicial, aunque cada caso debe analizarse de manera individual.
Cirujanos niegan que busquen impunidad
La organización aseguró que su propuesta no procura otorgar privilegios a los profesionales de la salud ni impedir la investigación de posibles actuaciones negligentes.
«Estoy convencido de que proteger la vida y los derechos de los pacientes también implica brindar seguridad jurídica a quienes dedican su vida a salvarlas», manifestó Restituyo.
El gremio indicó que está dispuesto a participar en mesas de trabajo junto al Congreso Nacional, el Colegio Médico Dominicano, sociedades médicas especializadas y representantes de otros sectores.
Respaldo a la propuesta
El documento fue firmado por el doctor Luis Restituyo y la doctora Giomania Rodríguez Moya, secretaria electa del Colegio Dominicano de Cirujanos.
La iniciativa también recibió el respaldo de expresidentes de la organización y profesionales reconocidos como Maestros de la Cirugía Dominicana, según informó el gremio.
La propuesta contó con la asistencia técnica de los abogados Luis Faringthon Reyes y Alejandro Santana Caraballo.
Corresponderá al Congreso Nacional determinar si las modificaciones solicitadas son conocidas antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
